El Congreso aprobó ayer, por unanimidad, la ley de sanciones en materia de igualdad de oportunidades, indiscriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad.
Esta ley abarca multas para las infracciones que van de 301 euros a un millón.
Entre las infracciones consideradas graves aparecen «los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a una persona con discapacidad» y el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad a entornos, bienes y servicios.
Hechos, por ejemplo, como no instalar una rampa de acceso en un edificio donde viva una persona con algún tipo de discapacidad tendrá su correspondiente castigo.
Son infracciones muy graves las vejaciones que padezcan discapacitados, las acciones que les generen un grave perjuicio económico o profesional, las situaciones de riesgo para su integridad física o el incumplimiento deliberado de las norma de accesibilidad.
Una ley necesaria , símbolo de mejora social, que sale una vez mas, de manos este Gobierno y que esperemos sirva para no volver a encontrarnos con casos como el de Francisco Canes.
